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Pasos de gigante en el reconomicimiento de derechos de las personas sordas

La integración de las personas con algún tipo de discapacidad auditiva no pasa por la eliminación de barreras físicas como en otros tipos de invalidez.  Los obstáculos que estos deben superar no son visibles a los ojos de las personas. En este punto ha sido imprescindible la labor de concienciación de muchos colectivos afectados para que con el paso del tiempo la legislación fuese cambiando y adaptándose a las especificidades de este grupo para propiciar su acceso a la información y a la comunicación.

La Constitución en su artículo 49 garantiza que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. Desde entonces varias han sido las leyes que protegen los derechos civiles, sociales, económicos y culturales de esta minoría.

En la actualidad dos son las leyes que amparan estos derechos de las personas sordas o con pérdidas de audición.  La más antigua, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre que regula las «medidas para garantizar y hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad» y discriminación. En ella se estipulan «las medidas de adecuación del ambiente físico, social y actitudinal» que deben tener los lugares de trabajo , así como se deja la puerta abierta a la concesión de ayudas públicas para tal fin.

Como complemento a esta última, cuatro años más tarde se promulgó la Ley 27/2007 que establece un marco regulatorio de las lenguas de signos españolas y de los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.

Más servicios y ayudas 

Gracias a esta normativa de obligado cumplimiento por parte de la sociedad y de la administración pública, las personas con discapacidad auditiva cuentan cada día con servicios que facilitan su día a día.

Muestra de ello, es la asistencia telefónica y presencial que ofrece AENA Aeropuertos o RENFE sin coste alguno. La colaboración de compañías telefónicas en el abaratamiento de servicios de videollamada o sistemas de amplificación del sonido, ha supuesto un paso de gigante para este colectivo, al igual que los beneficios fiscales o acceso al servicio de atención sanitaria al ciudadano.

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